La disponibilidad de recursos y liquidez económica se harán necesarios cuando se supere el Covid-19. Aquí se hablará del concepto de liquidez judicial y de las ventajas que podría proporcionar.
En qué consistiría la liquidez judicial y sus aplicaciones prácticas
La liquidez judicial, como opción de disponibilizar recursos a la economía real, sería una opción de implementación sencilla. Lo que sucede es que, hasta la fecha, no hay precedentes de tal operación.
Las consignaciones judiciales son una obligación, ya sea por una sentencia o bien por medidas cautelares. La Ley de Enjuiciamiento Civil prevé esta situación, pero fue el Real Decreto 467/2006 de 21 de abril el encargado de regular la consignación de efectos y valores en metálico. Dicho de otra manera, hay un procedimiento normativo para pagar a las partes interesadas el dinero que corresponda desde el juzgado.
La mayoría de las veces ese dinero se reclama cuando finaliza el proceso. Ahora bien, otras veces el dinero queda consignado sin reclamación, bien por desidia o por extinción societaria. En este caso, el Estado dispone de un activo que tiene que guardar. El tiempo pasa y, en este caso, corresponde traspasar ese dinero a otra cuenta. Lo que sí hay que indicar es que, en ningún caso, sale del circuito judicial.
Sin embargo, hay un hueco en la normativa porque nada se dice de lo que hay que hacer con el dinero no reclamado. Esta suma quedaría ingresada como Fondos Provisionalmente Abandonados en la denominada cuenta 9999. Dicho de otra manera, el Estado dispone de varios millones de euros dormidos porque no han sido reclamados en tiempo y forma. Como los plazos de reclamación han prescrito, sería posible poner en circulación para la economía real este dinero.
Existiría, pues, la posibilidad de realizar una interpretación de la normativa que, es, al fin y al cabo, una potestad de los tribunales y organismos judiciales.
Aplicaciones prácticas para la liquidez
La denominada liquidez judicial sería, pues, una solución imaginativa para limitar el impacto de la crisis. Esta medida debería contar con la autorización del Letrado de la Administración de Justicia, pero serviría, por ejemplo, para transferir millones de euros del Ministerio de Justicia a institutos de financiación pública como el ICO (Instituto de Crédito Oficial). Otra opción sería la transferencia de esta cantidad a la Seguridad Social para el pago de prestaciones. Esta sería una solución excepcional, pero perfectamente factible con la ley en la mano.
Conclusión
La liquidez judicial es una opción interesante que puede ayudar, en parte, a mitigar los efectos económicos del Covid-19. Hay un vacío legal que da margen a la interpretación de las instancias judiciales para poner este dinero al servicio de la sociedad.
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